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Dos siglos de prensa en España

Lunes 26 de Septiembre, 2016
A la prensa no podemos atribuirle el dicho aquel de Bertrand du Guesclin –“Ni quito ni pongo rey, pero ayudo a mi señor”–, porque en ocasiones el cuarto poder ha sido más fuerte que los tres primeros juntos, el ejecutivo, el legislativo y el judicial.

La reacción a la invasión napoleónica implicó a un sinfín de actores, también a la prensa. Las ataduras de la censura previa se disolvieron en el caos, y el celo de Carlos IV, quien en 1791 había prohibido todos los periódicos –excepto el Diario de Madrid–, se burló mediante la libertad de imprenta, que en un contexto de guerra como aquel sirvió para apadrinar las tesis de los patriotas y los afrancesados. La propaganda se hizo con las riendas de la información, y los periódicos sirvieron a los intereses de unos y de otros.

El cuarto poder se anticipó, incluso, a los tres primeros: en noviembre de 1810, un año y cuatro meses antes de que se promulgara la Constitución de 1812, la Pepa, las Cortes reconocieron ya la libertad de imprenta en el preámbulo del Decreto IX.

En 1812, la Constitución la confirmaría en su artículo 371, que rezaba lo siguiente: “Todos los españoles tienen libertad de escribir, imprimir y publicar sus ideas políticas, sin necesidad de licencia, revisión o aprobación alguna anterior a la publicación, bajo las restricciones y responsabilidad que establezcan las leyes”. La lucha se desarrollaba, pues, en dos frentes: el campo de batalla y el campo de las ideas, y ambos fueron decisivos en la victoria final.

En total, más de 650 publicaciones se disputaron su ascendiente sobre la opinión pública, y, aunque la mayoría fueran coyunturales y de ámbito local, queda el legado de otras, como el impetuoso Robespierre español o El Semanario Patriótico, pionero de la prensa política que acogió las fi rmas de Blanco White o Alcalá Galiano y que, bajo la dirección de Manuel José Quintana, forjó la necesidad de unas Cortes, acomodando de este modo las coordenadas del debate constitucional.

En la edición de octubre de Historia de Iberia Vieja nos remontamos al nacimiento de la opinión pública en España y a la sempiterna guerra que reyes, políticos o potentados de turno declararon a las imprentas. Desde las invasiones napoleónicas hasta la Transición, Javier Martín y Alberto de Frutos te cuentan la historia de la prensa en nuestro país.

LA PRENSA AFRANCESADA

En el otro plato de la balanza, Napoleón custodiaba las publicaciones de su cuerda. Cuando se dice que el emperador luchaba por la libertad de los pueblos y que no hizo sino cumplir con los ideales de la Revolución, hay que recordar que en 1806 mandó ejecutar a un librero de Wurtemberg, Johann Philipp Palm, por publicar un panfl eto titulado Alemania en su profunda humillación. Consciente de la fuerza de la letra impresa, Bonaparte promovía la creación de nuevos medios en los países ocupados y, en el caso español, procedió a la incautación y “conversión” de algunos ya existentes –el Diario de Madrid o la Gazeta de Madrid– y abrió unos pocos nuevos.

Si estudiar la prensa patriótica es sencillo, no lo es tanto valorar la incidencia de la afrancesada: ya se sabe que la victoria consiste, sobre todo, en extirpar de la memoria al enemigo. El estudioso Manuel Gómez Imaz rescató 16 publicaciones profrancesas, a las que habría que sumar alguna decena más. Entre las más populares, cabría citar La abeja político-literaria, que salía en Barcelona, y El Imparcial, publicado en Madrid. Tampoco faltaron en este empeño intelectuales como el denostado abate Marchena, quien en 1810 llegó a dirigir el Correo político y militar de Córdoba, en el que puso su inteligencia al servicio de José I.

El nivel especulativo de la prensa hacía que el común de los mortales no pudiera acceder a sus contenidos.

Durante el primer cuarto del siglo XIX, el 80 % de la población residía en el medio rural y la educación era un privilegio reservado a las clases privilegiadas. En 1808 vivían en España poco más de 10 millones de habitantes, y solo tres ciudades rebasaban los 100.000. Los artículos se dirigían, pues, a quienes podían tomar decisiones, y los “abajo-fi rmantes” eran fundamentalmente escritores y políticos. ¿Y qué decir de la Iglesia?

España era “un país de cerrado y sacristía”, que sumaba en 1808 nada menos que 70.000 eclesiásticos seculares, 50.000 monjes y frailes y 25.000 monjas. Frente al invasor, su actitud fue vacilante al principio y luego de franca oposición, ante la certeza de que la monarquía de José I no cejaría en el acoso y derribo de sus privilegios. Figuras como el Inquisidor General Ramón José de Arce juraron, sin embargo, fi delidad a José Bonaparte, mientras que otras como Joaquín Lorenzo Villanueva o Miguel Cortés hicieron de sus respectivas tribunas una bocina de sus ideas liberales.

LA REACCIÓN ABSOLUTISTA
Sea como fuere, la reacción ultramontana a la Constitución de Cádiz diluyó todos sus logros en un espejismo. La nación perdió su soberanía y la prensa su libertad. Entre 1808 y 1814 el cuarto poder llegó a ser tan vigoroso, que Fernando VII se propuso cortarle la respiración en cuanto recuperó el trono. La restauración absolutista aplicó su bisturí sobre la herencia de las Cortes de Cádiz, y la confi anza depositada por los liberales en el Deseado se desvaneció a las primeras de cambio. La incertidumbre sobre el absolutismo o no de Fernando VII duró bien poco: nada más pisar territorio español, en marzo de 1814, Su Majestad rehusó jurar la Constitución, que declaró “nula y sin ningún efecto” en el decreto de Valencia del 4 de mayo de aquel año.

Tras imponer sus tesis, el absolutismo mostró el camino del exilio a una generación de liberales que habían hecho probar a España el néctar de la libertad. Volvieron la censura y la licencia previa y la sombra de la tiranía se extendió a los dominios de América y las Filipinas. Cuando el bozal rozaba la boca de los periodistas, La Abeja madrileña se despidió de sus lectores ante la imposibilidad de seguir trabajando por “cierto ayre seco, que sopla de Levante”. Leer o poseer un periódico liberal se convirtió en una osada aventura, castigada con 200 ducados de multa y pena de excomunión mayor; y muy pronto todos los periódicos, incluidos los absolutistas, fueron prohibidos, hasta el punto de que, en 1815, solo mantenían encendida su llama la Gaceta y el Diario de Madrid, a los que se irían incorporando unos pocos de naturaleza científi ca o literaria, sin ningún contenido político.

Consumada la traición del Sexenio Absolutista, y como la historia tiene espíritu de bumerán, el Trienio Liberal (1820-1823), regalo de un pronunciamiento militar encabezado por Rafael de Riego, reconquistó la libertad de prensa. A Fernando VII lo de Cádiz le pareció de repente maravilloso. La prensa culta se reinventó como política y surgieron infi nidad de cabeceras de vida precaria. Hubo una muy graciosa, La Periodicomanía, que nació solo para troncharse de ese exagerado desahogo de las imprentas. El júbilo duró muy poco: los Cien Mil Hijos de San Luis, bajo el mando del duque de Angulema, instauraron en 1823 el viejo orden feudal y el triunfo reaccionario calló otra vez las imprentas. Fernando VII afrontó los últimos años de su reinado –la Década Ominosa– con las espaldas bien cubiertas por el Cuerpo de Voluntarios Realistas, azote de los liberales. La lista de mártires fue espeluznante y tristemente extensa: desde el propio Riego a Mariana Pineda, pasando por el librero asturiano Antonio Miyar, quien había ejercido un periodismo valiente y comprometido desde la Villa y Corte, lo que pagó en la horca.

Sigue leyendo Dos siglos de prensa en España en el número 136 de Historia de Iberia Vieja,  de octubre de 2016 

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